Cuando nos planteamos un análisis global y crítico del modelo represivo en el sistema sociopolítico en el que vivimos, el papel de las estructuras policiales se vuelve indispensable, puesto que conforma una de las bases de la estructura punitiva en la que se asienta ese modelo junto con la prisión, el sistema judicial y el sistema educativo. No hay que olvidar que la finalidad última del modelo represivo es moldear la conducta de la población en general para evitar el desarrollo de determinados comportamientos, los considerados negativos por las clases sociales y políticas beneficiadas por el actual modelo productivo capitalista, al tiempo que se premian y potencian aquellas otras actitudes, individuales y colectivas, que refuerzan el statu quo imperante. El Estado, como instrumento de dominación social al servicio del sistema neoliberal actual, es el coordinador ejecutivo del modelo represivo, y lo pone al servicio tanto de sí mismo como de las clases sociales que lo han construido como estructura histórica y se ven beneficiadas de su funcionamiento.

La complejidad del modelo represivo a veces nos hace olvidar la amplitud del mismo, puesto que el ejercicio de la hegemonía social y cultural en la que se basa, a veces nos impide ver al sistema educativo, los servicios sociales e incluso los sanitarios, como piezas insertas en esa gran estructura de control y dominación construida en torno al Estado, en parte porque algunas no son tan represivas como otras, o al menos no tan violentas, entre otras razones porque esta diversidad es necesaria para el mantenimiento del propio modelo, o porque parte de las mismas élites sociales cuestionan algunos de esos instrumentos (como hace el neoliberalismo con la asistencia social) y abogan por una supuesta «reducción» del Estado. En realidad, ese debate es falso, puesto que no se plantea la eliminación de esos instrumentos, sino su privatización, como puede pasar con la cárcel en EE.UU. Sin embargo, y aunque también se abogue por privatizaciones parciales a base de externalizaciones de servicios, en el ámbito de la seguridad hay dos aspectos en los que se sigue manteniendo un consenso del sistema en cuanto a la necesidad de la existencia de un ejército y una policía públicas, en el sentido de «estatalizadas» (en algunos estados, como el español, este consenso también se amplía al modelo penitenciario). En las líneas que siguen planteamos realizar una reflexión crítica sobre lo relativo al modelo policial del Estado español, desde una visión abolicionista del mismo, con la intención de aportar al debate sobre la construcción de una sociedad sin policía, puesto que esa sería la única en la que la libertad, la justicia y la solidaridad sociales se vieran realmente garantizadas.

Un poco de historia policial

Un repaso a la historia moderna de la policía nos lleva al siglo XVIII francés, cuando en paralelo al desarrollo de los primeros ejércitos nacionales permanentes (es decir, al desarrollo del concepto de estado-nación) aparecen los primeros intentos de establecer cuerpos públicos de vigilancia y seguridad también permanentes, enfocados no a la defensa de las fronteras exteriores sino de las fronteras interiores, es decir, al control de la población. Sin embargo, aunque el concepto de policía moderna aparece en este contexto ilustrado, su plasmación práctica acompaña al surgimiento de la sociedad capitalista y el sistema fabril, por lo que no es casualidad que las primeras policías «efectivas» surjan en la Inglaterra de mediados del siglo XVIII y principios del siglo XIX, con el objetivo de disciplinar a las clases marginales del antiguo régimen y convertirlas en mano de obra barata para ser utilizada en la nueva economía capitalista. Esto hace de la policía metropolitana de Londres la primera en patrullar las calles de forma regular en búsqueda de mendigos, prostitutas, vendedores callejeros, pequeños delincuentes, etc. De hecho, los Bow Street Runners (los corredores de Bow Street), más conocidos como «Bobbies», aparecieron en 1749, cuando 8 conocidos cazarrecompensas comenzaron a patrullar la capital inglesa, aunque la generalización de las patrullas, afectando también al gran Londres, no se dio hasta 1805 con la Bow Street Horse Patrole (patrulla de policía montada), que fueron estructuradas definitivamente en 1829 con la creación de la sede central del cuerpo en Scotland Yard. El modelo de policía londinense se generalizó a toda Inglaterra durante la década de 1830 coincidiendo con la represión de los movimientos cartistas y luddistas de resistencia a la industrialización. No obstante, el modelo policial inglés, al igual que su sistema judicial y político basados en la Common Law (con la ausencia de Constitución escrita y la base en usos y costumbres como característica principal) no son los generalizados en el Estado español, que en esta, como en otras cuestiones, se basa más en el derecho napoleónico y la tradición jurídica alemana, lo que implica, entre otras cuestiones, la existencia de un sistema jurídico penal más cerrado y normativizado, basado en el despliegue de unas policías más militarizadas.

De hecho, como ocurre con la propia industrialización, el desarrollo del modelo policial en el Estado español del siglo XIX tiene unas peculiaridades propias no exentas de fracasos y retrocesos. El modelo de seguridad del Antiguo Régimen, heredero de la Santa Hermandad instituida por los Reyes Católicos en 1476 (y de actuación sólo en la Corona de Castilla), se complementaba con otras estructuras locales y/o forales como los Migueletes, los Miñones, los Somatenes, las Esquadres en Catalunya o los Guardias del Reino de Aragón, milicias armadas, no permanentes y de carácter básicamente rural. Algunas ciudades como Madrid o Valladolid contaron con milicias urbanas dependientes de sus consejos municipales, aunque también había milicias privadas pagadas por gremios o comerciantes para defender sus intereses particulares. El primer intento de centralizar estas estructuras se dio en 1824, durante la represión que Fernando VII desató tras el trienio liberal y la vuelta al absolutismo con la creación de la Policía General de Vigilancia y Seguridad Pública del Reino, que actuó como policía política pero no como una estructura que actuara sobre la población en general. Los intentos liberales de configurar una fuerza policial urbana en la década de 1830 no acabaron de cuajar, por lo que se puede considerar que la primera policía con un despliegue real y eficaz en todo el Estado fue la Guardia Civil, creada en 1844 para afrontar el problema del bandolerismo social generalizado en el mundo rural de mediados del siglo XIX. De hecho, las ciudades del Estado español no verán el despliegue de un cuerpo policial efectivo hasta finales del siglo XIX, con la aprobación de la Ley de Orden Público de 1870. Este origen dual rural/urbano del modelo policial español fue reforzado por la restauración Borbónica y, muy especialmente, por la dictadura de Franco, quien amplió la militarización de la Guardia Civil y certificó su despliegue en el mundo rural, al tiempo que disolvía las policías republicanas (tanto los Cuerpos de Vigilancia y Seguridad y la Guardia Nacional Republicana, como la Ertzaña y los Mozos de Escuadra) creando la Policía Armada.

Esta dualidad policial se mantiene hasta hoy, puesto que el actual Cuerpo Nacional de Policía es heredero de la Policía Armada franquista, mientras que la actual Guardia Civil es heredera de la Guardia Civil de siempre… De hecho, la dualidad policial española nos habla de varias características del sistema represivo español: por un lado, se potencia la competencia entre distintas policías, puesto que se hace un reparto geográfico (lo urbano para el CNP y lo rural para la GC) y a veces también funcional (fronteras para la GC e inmigración para el CNP), con el que se pretende generar un solapamiento represivo que aumente el control de la población. Al mismo tiempo, en otros aspectos como el de la “lucha antiterrorista” se le dan las mismas competencias a ambas policías (tanto en su vertiente legal como en su vertiente ilegal) para que compitan, e incluso se introduce en el reparto a algunas policías autonómicas nacidas en base al desarrollo de la Constitución de 1978 (como ocurre con la moderna Ertzaintza y los nuevos Mossos d’Esquadra). Esta dualidad cuenta con una peculiaridad añadida y que nace del hecho de que la GC es una policía «militarizada» en su estructura y cadena de mando, lo que constituye una anomalía en el contexto policial de la Europa occidental, si bien es una anomalía que se comprende perfectamente desde el conocimiento de la historia de la «benemérita» (adjetivo que, según la RAE, se aplica a quien merece premio, agradecimiento o estimación por sus servicios).

Pero las peculiaridades del modelo policial español no eluden su inserción en un modelo represivo capitalista y cada vez más neoliberal. Así, por ejemplo, todas las policías integrales (CNP, GC, Ertzaintza y Mossos d’Esquadra) tienen cuerpos antidisturbios que nos recuerdan una de las principales características de las policías modernas desde su surgimiento en la Inglaterra de principios del siglo XIX: el control social de las masas. De hecho, las reconversiones industriales del Estado español en la década de 1980 se basaron ante todo en la intervención tanto del CNP como de la GC frente a una resistencia obrera organizada que no fue fácil de vencer y cuyo final certificó el fracaso definitivo del intento de ruptura con el modelo sociopolítico del franquismo, perpetuado en la Segunda Restauración Borbónica en la que vivimos. Esta explicación, aunque sea breve, de la historia del actual modelo policial nos ayuda a comprender las peculiaridades del mismo, entendiendo que éste es un modelo que siempre está en una permanente adaptación de sus objetivos, métodos y estructuras. Una de sus adaptaciones más importantes en los últimos tiempos ha sido la de buscar, cada vez más, una legitimación social en bases a determinados mitos, como el de la policía que «defiende» la seguridad de la ciudadanía.

El mito de la policía como defensora de la seguridad pública

En teoría, el Estado y las estructuras sociales y culturales que construye para ejercer la hegemonía, nos quieren presentar a la policía como defensora de la «seguridad pública», entendiendo como imprescindible su despliegue y planteando la dicotomía libertad/seguridad como una tensión entre polos opuestos e irreconciliables. Es evidente que para la seguridad de un Banco es imprescindible la existencia de una estructura que asegure la realización de un desahucio a costa de la libertad de las personas desahuciadas o de aquellas solidarias que intenten evitarlo, pero… ¿quién garantiza aquí la seguridad de las personas expulsadas de su vivienda? Es decir… ¿defender los intereses de un banco por encima de los de las personas que se ven abocadas a perder su vivienda puede considerarse una «defensa» de la seguridad pública?

En mi opinión, entre la libertad y la seguridad no hay contradicción sino colaboración, sin una libertad real (que conlleva siempre una responsabilidad individual y colectiva por parte de quienes la ejercen) no puede haber seguridad ¿acaso fueron Realmente seguras las dictaduras militares que, basándose en el principio de «seguridad nacional» fueron responsables del genocidio de sus propias poblaciones? Las cunetas de nuestro estado nos dicen que no. ¿Acaso las policías, los tribunales y las cárceles están reduciendo el número de violaciones o mujeres asesinadas por el terrorismo patriarcal? Mucho me temo que tampoco. Sin embargo, el actual modelo no deja a una mujer agredida otra opción que la denuncia ante la policía, una denuncia durante cuya presentación, en muchas ocasiones, puede verse revictimizada, cuando no cuestionada, re-agredida o humillada… Estos ejemplos bastarían por si solos para justificar la necesidad de un cambio de modelo que nos lleve a parámetros de autodefensa feminista, combinadas con respuestas comunitarias y colectivas frente al agresor machista tanto individual como sistémico (el heteropatriarcado), partiendo del principio de que la policía es otro de los elementos que alimenta ese sistema agresor y, por lo tanto, que erosiona la seguridad real que sólo provendrá de un modelo basado en la justicia social y económica.

Pero es evidente que este mito funciona cada vez más. En las últimas dos o tres décadas hemos asistido a un importante ejercicio de legitimización de la policía como instrumento «al servicio» de la ciudadanía. Baste recordar a este respecto durante la Dictadura Franquista y los primeros años del Postfranquismo (al menos hasta la década de los 90 del siglo XX), la imagen de la policía entre las clases obreras y populares era la de un instrumento de opresión al servicio del Estado y el empresariado. Fueron los años del desmantelamiento de la lucha obrera y las reconversiones industriales, los años de la cultura kinki y el orgullo yonki, en los que las cosmovisiones punk y heavy planteaban una alternativa al modelo social propuesto por las elites. Dentro de este modelo la policía se entendía como «enemiga», por lo que no se colaboraba con ella, se la rehuía, se protegía al delincuente o, cuando menos, no se le denunciaba por entenderle más próximo socialmente al propio grupo que la policía. Pero esta realidad se fue transformando: las sucesivas lavadas de cara (incluidos los cambios de uniformes, como el del CNP, que paso del «marrón» madero al azul europeizado), las crisis económicas en las que la «profesión policial» se convirtió cada vez más en una salida económica para muchas personas de las clases subordinadas (algo socialmente rechazado en los 80 y que cada vez fue más normalizado al ir terminando el siglo XX), unidas a cuestiones más globales como la caída del Muro de Berlín y la generalización del modelo neoliberal, fueron construyendo la sociedad actual, en la que el mito de la «policía de proximidad», garante de la seguridad pública, se fue reforzando cada vez más.

Sin embargo, este mito se basa en una falsedad total, en una «fake reality» (falsa realidad) con la que se quiere justificar la mentira de la necesidad de la policía… Y esta falsedad es fácil de comprobar: con independencia de lo dicho anteriormente respecto a la violencia machista o el falso dilema seguridad/libertad, bastaría con que existiera un único caso de violencia o corrupción policial no depurados para que no sólo el mito de la seguridad policial, sino todo el concepto de Estado democrático de derecho se convirtiera en una farsa y para que toda la propaganda al respecto dejase de funcionar y ser creida… En la España de los GAL, los Villarejo y los miles de personas maltratadas y/o torturadas por la policía en los años de supuesta democracia, bastaría con la presentación de este argumento para que se desmontara el mito de la policía como seguridad pública.

Sin embargo, esto no ha sido así, y la propia población demanda más seguridad y más policía una y otra vez, al asimilar los mitos generados desde las clases dominantes y expandidos desde su control social y su hegemonía cultural. De hecho, el propio Estado es a veces víctima de sus propios mitos y espejismos, al no ser capaz de garantizar que sus cloacas no funcionen a veces en contra de sus propios intereses (siempre priman los intereses de las élites económicas, en detrimento de otras élites que pueda haber en la competición por el poder y los recursos). Pero, aun así, el Estado no actúa contra estas mafias policiales porque en realidad los intereses socioeconómicos reales, muchas veces ocultos, son la base del sistema y el conflicto interno de las propias élites utiliza los recursos policiales incluso por encima de la Ley o de los Gobiernos de turno… Dentro de la especialización que los aparatos represivos del estado han adquirido en el actual modelo de sociedad, se asume que esto les dota de una autonomía real dentro del propio sistema que se tolera porque intentar limitar a la policía en esas funciones iría en detrimento del propio funcionamiento del modelo que, no lo olvidemos, está diseñado para mantener el poder y los recursos socioeconómicos en unas pocas manos, dejando a la mayoría de la población (incluidos los propios agentes policiales) con las migajas del pastel.

Pensando en un mundo sin policia

A world without police (AWWP) es un colectivo estadounidense que busca conectar las distintas luchas antirrepresivas con el objetivo de soñar un mundo sin policía, algo que pasa por la consecución de una auténtica revolución social. En sus documentos de trabajo (de lectura obligatoria para toda persona interesada en estas cuestiones)1, plantean una estrategia en tres frentes para conseguir el objetivo de alcanzar una sociedad sin policía: desempoderar, desarmar y disolver. No voy a desarrollar las propuestas de cada apartado porque sería imposible hacerlo mejor que las compañeras que han redactado el documento, pero sí destacar las ideas fuerza del mismo, porque entiendo imprescindible el cambio de perspectiva, en especial en lo referido a desempoderar a la policía para empoderarnos a nosotras mismas…

El estado paternalista neoliberal quiere ser nuestro salvador para mantenernos sumisas y dormidas, y en gran medida utiliza el empoderamiento de la policía como herramienta para reforzar nuestra sumisión. En este sentido, todo lo dicho en el apartado anterior sobre la nueva legitimidad de la policía construida en torno al «mito» de la seguridad pública, pasa ahora a ser la base del empoderamiento social de la policía, un empoderamiento que se acompaña de un rearme (las policías utilizan cada vez más armamentos paramilitares y nuevas tecnologías de control y agresión sociales) y un crecimiento tanto numérico, como de presupuesto y de presencia social (sirva como ejemplo de esto último las jornadas de puertas abiertas o las visitas a las escuelas para dar charlas sobre «seguridad ciudadana», alimentando así el mito…) Romper esta dinámica es básico para poder hacer una transformación revolucionaria de nuestra sociedad.

Dentro de las distintas propuestas del colectivo AWWP, la de crear «zonas libres de policía» me parece fundamental, porque al final el movimiento se demuestra andando y la alternativa se construye desde la acción individual y colectiva. Es evidente que crear espacios sin policía no va a ser fácil tanto porque la policía y el Estado van a intentar eliminar esas disidencias como porque los conflictos no van a desaparecer con la policía y vamos a tener que construir redes y mecanismos de respuesta no policiales, no capitalistas y no represivos, basados en la mediación, la reparación y la educación preventiva, es decir, basados en una cultura antipunitiva. Una de las propuestas iniciales desde las que construir estas zonas es la de la no colaboración con la policía («Don’t talk to police», no hables con la policía), volviendo de una manera consciente a los valores de la cultura de resistencia obrera del siglo XX, y la denuncia de toda intervención policial (especialmente si es violenta). La no colaboración también implica el rechazo a esas jornadas de «puertas abiertas» en comisarías o a las «charlas de seguridad ciudadana» policiales en escuelas y centros vecinales. En definitiva, el boicot a toda campaña de lavado de cara del actual modelo policial y la construcción de un modelo de seguridad alternativo basado en la no militarización, la justicia social y el anticapitalismo.

Evidentemente, el desarme y la disolución de la policía también son objetivos necesarios, pero creo que en el contexto actual del Estado español (y no sólo), es más necesario el trabajo de desempoderamiento y deslegitimización de la policía para conseguir avanzar en el proceso de transformación social que requiere un mundo sin policía. No podemos obviar tampoco las intersecciones que, en nuestro contexto, se dan entre los cuerpos policiales y determinados grupos fascistas y franquistas, de igual manera que estos grupos también interactúan con la defensa del statu quo. Estas sinergias deben ser entendidas para que podamos también construir alianzas en los espacios alternativos, entendiendo que las diferentes luchas sociales revolucionarias y anticapitalistas deben confluir en la lucha antirrepresiva y antifascista como una forma de autodefensa desde la que edificar la nueva alternativa social. La confluencia del anticapitalismo y el antipatriarcado, igual que la del antiautoritarismo y el antipunitivismo, se me antoja la base desde la que construir la nueva alternativa…

Y en esta confluencia, entender la importancia del modelo represivo basado en la existencia de la policía debería estar lo suficientemente clara como para que todas entendamos la necesidad última de que en la sociedad que queremos construir, la policía ya no existirá, por injusta y por innecesaria.

                                                                                      Pote

                                                                            (Salhaketa)

FUENTE: Cultura y Anarquismo

NOTA: 1. El documento base se puede consultar en: http://aworldwithoutpolice.org/wp-content/uploads/2017/03/AWWP-Zine-Mundo-sin-maderos.pdf