Las grandes contradicciones sociales del capitalismo terminal están saliendo a flote con la crisis del coronavirus. Por ejemplo: podemos subrayar la actualidad absoluta del concepto de lucha de clases. Una lucha, entendida como conflicto, enfrentamiento y presiones y tensiones recurrentes, que se expresa directa y crudamente en los centros de trabajo a la hora de hacer cumplir las medidas de prevención básicas en los estratos más precarios, más desorganizados o, incluso, más estratégicos en estas circunstancias, de la fuerza de trabajo.
Durante esta pasada semana hemos visto cómo, en nuestras “democráticas” y “responsables empresas”, que se ufanan de estar siempre “preocupadas por la gobernanza y los criterios sociales de la Agenda 2030”, los jefes ordenan y se resguardan del virus, y los trabajadores ven cómo su salud no es más que un simple dato macroeconómico a valorar junto al coste monetario de geles, permisos o reducciones horarias. Hay varios ejemplos que lo ilustran.
En las grandes empresas del sector del telemárketing como Konecta, GSS Covisian y otras, en las que trabajan centenares de personas en gigantescas naves, hacinados y compartiendo en función de su turno todo tipo de materiales (auriculares, teclados de ordenador, micrófonos…), la lucha para conseguir que haya geles desinfectantes, que los equipos de trabajo sean de uso individual o que, simplemente, se limpien habitualmente los baños de los trabajadores, ha sido constante, y ha venido marcada por repetidos altibajos derivados de las contradictorias señales enviadas al entramado productivo por los poderes públicos, pese a haberse dado repetidos casos de positivos en coronavirus en las instalaciones, que han sido enfrentados por las empresas con el aislamiento de los trabajadores y la limpieza de los puestos adyacentes a los de los enfermos, y solo muy tardíamente con la implantación del teletrabajo.
En el transporte público, la puesta en marcha de medidas de prevención de la enfermedad para proteger la salud de trabajadores y usuarios ha venido marcada por la presión de las fuerzas sindicales más combativas. En el Metro de Madrid, solo tras la amenaza de la sección sindical de Solidaridad Obrera de convocar una huelga indefinida de 24 horas, la empresa se vio obligada —el viernes pasado—, a cumplir las recomendaciones sanitarias de la misma Comunidad de Madrid. En el Metro de Barcelona, solo tras la aprobación de un decreto de la Conselleria de la Generalitat correspondiente, la dirección acepta negociar con el Comité de Empresa la puesta en marcha de las medidas que está exigiendo la comunidad médica.
FLM 