4.606 desahucios habitacionales en Andalucía. 26 cada día en los seis primeros meses de 2019. Es el dato aportado por la APDHA, publicados por el Consejo General del Poder Judicial, para denunciar que la problemática de los desahucios en la comunidad apenas ha sufrido mejoras. En 2016 los desahucios diarios en Andalucía eran 27. “La crisis sigue instalada en nuestra comunidad y la política pública en materia de vivienda no está a la altura de lo que esta realidad demanda” denuncia la asociación.

Aunque algo sí ha cambiado. El tipo de desahucio. Si antes la mayoría eran ejecuciones hipotecarios, hoy obedecen al impago del alquiler. Con las cifras en la mano, 1.848 frente a los 2.758, 15 diarios, de desahucios de inquilinos. Se consolida así la tendencia por la que los lanzamientos por impago de las rentas superan a los hipotecarios, algo que para APDHA pone en evidencia que “más allá de grandes anuncios e intenciones, no existen medidas concretas por parte del Estado para un control eficaz del precio de los alquileres”, a diferencia de lo que ocurre en varias ciudades europeas.

Esta situación es más cruda como consecuencia de la mayor tasa de vulnerabilidad social en la autonomía andaluza, como explica APDHA. “Con 835.500 personas en paro (EPA 2º Trimestre 2019), el 38,2% de la población en riesgo de pobreza o exclusión social (INE), una Renta Mínima de Inserción andaluza insuficiente y excluyente, y unos Servicios Sociales minimizados por los drásticos recortes, la pobreza se ha cronificado en nuestra Andalucía y muchas familias se encuentran frente al dilema de comer o pagar la renta”, asegura la asociación.

Por provincias, Málaga es la más castigada con 1.270 desahucios habitacionales -de alquileres e hipotecas-, le siguen Sevilla, con 740, Cádiz (660), Almería (637), Granada (588), Córdoba (256) y Jaén (173).

LA VIVIENDA: DERECHO HUMANO

APDHA reivindica que la vivienda como un derecho humano reconocido en el artículo 47 de la Constitución. Sin embargo, en opinión de la entidad, este derecho se ve vulnerado al haberse convertido en un negocio. “La turistificación y la gentrificación urbana se consolidan como el modelo de desarrollo urbanístico con el auspicio de las autoridades regionales y municipales, incapaces de promover otras medidas económicas más sociales y sostenibles”.

Un análisis en el que coincide el Sindicato de Inquilinas de Málaga. “Este aumento de los precios en el arrendamiento se debe, entre otros factores, a las tensiones entre la oferta y la demanda, así como al empuje del alquiler turístico y la gentrificación o elitización que acontece en determinados barrios”. Y citando un informe de Mitula Group de 2018, señalan que Málaga, con 1.393 euros de media, se sitúa como la cuarta provincia donde el precio del alquiler es más alto, por detrás de Islas Baleares (1.522 €), Madrid (1.549 €) y Barcelona (1.603 €).

Para solucionarlo, APDHA propone “un incremento significativo del parque público de viviendas en alquiler social, con los que hacer frente a la demanda de las familias más necesitadas” así como “un modelo fiscal más beligerante contra la vivienda especulativa y sus precios desorbitados”. Por su parte, el Sindicato de Inquilinas malagueño viene reclamando la regulación de los alquileres, con contratos más largos por ley, precios más asequibles y consensuados entre las partes y que los honorarios de los intermediarios corran a cargo de los propietarios.

El asunto, que se ha convertido en una de las grandes demandas ciudadanas en especial por su afección a las grandes urbes de Madrid y Barcelona, promete estar muy presente en el debate público de cara a la repetición electoral del 10N. Mientras tanto, continuarán los 26 desahucios diarios en Andalucía.

EL SALTO